La propuesta de editar una nueva legislación para reabrir los bingos, en estudio por el gobierno del Estado, recibió críticas del Ministerio Público Federal (MPF).

Para el procurador del la República, André Stefani Bertuol, la sugestión de un decreto o medida provisoria autorizando la reapertura de salas de bingo y el funcionamiento de máquinas tragaperras y “totalmente inaceptable y jurídicamente nula”. Bertuol coordinó, en conjunto con la Policía Federal (PF), el cierre de seis salas de bingo en Florianópolis el día 15.

En todo el Estado, la operación de la PF concluyó en el cierre de 24 salas de bingo, además del lacrado de máquinas tragaperras instaladas en otros locales. El cierre de los bingos fue consecuencia de la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF), en agosto, que juzgó inconstitucional la ley estatal 11.348/2000m, que regulaba la actividad en Santa Catarina, bajo autorización de la Compañía de Desarrollo del Estado de Santa Catarina (Codesc). Con esta decisión, los bingos dejaron de tener base legal para continuar operando.

Sin posibilidad de recursos en la Justicia, los dueños de bingos demandaron al gobierno del Estado. La Asociación Catarinense de los Bingos y Videoloterías (ACBingo) apoyó una manifestación con cerca de mil empleados de bingos el miércoles de la semana pasada, frente al Centro Administrativo presionando por una solución. Una comisión de propietarios de bingos fue recibida por el secretario de Articulación y Coordinación, Ivo Carminatti. El secretario prometió, que la procuraduría general del Estado estudiaría una solución legal, posiblemente un decreto o medida provisoria. La sugerencia es usar como base el artículo 195 de la Constitución Federal y la ley federal 8.212/1991 (Ley Orgánica de Previdencia). La idea es aprovechar una brecha que permitiría la autorización de la actividad vinculada a la captación de recursos para la Prevención, y ya no para el deporte.