Alrededor de 350 empresarios del sector de los bingos unen sus fuerzas para convencer al Congreso Nacional para que finalmente se trate el tema de la regulación de esta actividad en Brasil.

La actualidad indica que unas 600 salas de bingo operan a través de permisos judiciales o se basan en legislaciones específicas de los estados brasileños; otras de ellas directamente operan ilegalmente.

Los bingos no cuentan con una regulación desde el año 2001 cuando la Caixa Económica Federal dejó de autorizar el funcionamiento de esos establecimientos. Luego, en febrero del 2004, el presidente Lula da Silva prohibió el funcionamiento de los bingos y las máquinas tragamonedas, como consecuencia de la crisis generada por el soborno pedido a un empresario de bingo.

Los empresarios del sector del bingo no quieren seguir operando a través de permisos judiciales, sino que quieren ser reconocidos como una actividad regular que genera empleos y paga sus impuestos. El presidente del Movimiento Pro-Bingo manifestó que es necesario “resolver esa situación lo más rápido posible, pues el gobierno precisa entender que los bingos no van a acabar en el país y que, con la regulación, el país sale ganando, ya que va a disminuir el funcionamiento de establecimientos de forma ilegal”.